El juez Castro no tiene traje de los domingos

​A cualquiera de nosotros, mortales ciudadanos, nos podrían imputar en un folio, incluso en unas cuantas líneas; sin una gran argumentación jurídica. No se alarmen; ya sé que no han cometido ningún delito, ni siquiera presuntamente. En todo caso, son víctimas del poder mercantil, económico y financiero, que nos gobierna. Y no podemos acudir a la fiscalía, al juzgado o a la comisaría, a denunciar a un tal "poder económico y financiero" —so pena de arriesgarnos a que se cachondeen de nosotros—. Aunque sí que tenemos en mente los nombres de unos cuantos gobernantes postizos y políticos, inútiles e ineptos.

En el segundo auto de (doble) imputación de S. A. R. la infanta Cristina de Borbón, el juez José Castro ha necesitado escribir 227 páginas, con detallados argumentos y razonamientos jurídicos. Transcurrida una hora, desde el conocimiento del auto, el prócer letrado y padre de la patria, Miquel Roca i Junyent (a quien el Rey encomendó el auxilio de su hija); parece ser que dotado de la habilidad de lectura ultrarrápida, hace unas declaraciones cuestionando el auto y descalificando la nueva imputación. Y su colega, el prestigioso penalista José Silva, abogado de la infanta Cristina, hace gala de una gran prepotencia, mala educación y chulería, afirmando que se estaban planteando ir a declarar, si con ello "el juez se va a realizar como persona".

Finalmente el equipo jurídico ha convencido al padre Rey y a la hija Infanta (¿y al resto de la familia real?), de no recurrir el auto de imputación. Dicen sus abogados, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que Cristina de Borbón se sentará delante del juez, y del retrato de su padre, "voluntariamente". Muy oportunamente el juez instructor ha manifestado, a través de una providencia, que la infanta de España no acude voluntariamente, sino porque su señoría la ha llamado a declarar en calidad de imputada. La voluntariedad fue ejercida por S. A. R. cuando recurrió el primer auto de imputación (con el beneplácito de La Zarzuela). Y también fue ejercida, anteriormente, no personándose (voluntariamente) a declarar, previamente a la primera imputación.

Por fin entendemos el silencio del "independiente" fiscal Pedro Horrach —hasta anunciar que no va a recurrir—. Después de la prisa que se dio, oponiéndose a esta nueva imputación antes de que se produjera; llevaba días reflexionando sobre el recurso, y regalando algún que otro elogio al auto del juez —"donde las dan, las toman", dijo—. Volvió de Madrid "con plena libertad" otorgada por su superior jerárquico. Evidentemente tanto él como otro de los múltiples defensores de la Infanta, la abogacía del Estado, ya conocían la nueva estrategia de defensa. Estrategia que contiene, además, la exculpación de la imputada basada en que fue una socia y presidenta de Aizoon, cegada de amor por su embaucador marido y socio Iñaki Urdangarin.

Pero las alabanzas del fiscal Anticorrupción Horrach se han demostrado forzadas y cínicas. Cumpliendo las órdenes de no presentar recurso, ha optado por la revancha personal. En un escrito de doce páginas, pretende hacer frente a un auto de doscientas veintisiete. Apoyándose en descalificaciones gratuitas, de inconsistencia jurídica. Alega que el juez Castro avala la imputación de la Infanta con una "teoría conspiratoria", para "justificar la existencia de indicios delictivos". Una vez más se demuestra el ejercicio del ministerio público: ni fiscal, ni anticorrupción; abogado defensor. Además de un gran colaborador de la campaña de desprestigio contra el juez Castro. Y la connivencia tácita del vergonzoso silencio ejercido por el Consejo General del Poder Judicial.

Es posible que el catedrático de Derecho Penal, Silva, convenza a un tribunal, alegando la inocencia de su defendida por el inmenso amor de una fiel (¿y lela?) esposa. Más difícil es que nos convenza al resto de los ciudadanos. Tan difícil como que la Agencia Tributaria nos permita desgravarnos suntuosos gastos particulares y familiares, tales como viajes de placer, cruceros, etcétera.

Posteriormente se ha desatado la habitual caza del juez, especialmente virulenta cuando el magistrado instruye causas contra personajes poderosos. Airean y fotografían al juez si se toma un café (o refresco, o gin-tonic) con una abogada de la acusación popular. No dicen nada si lo hace con un abogado de la Infanta, que le pide un adelanto en la comparecencia de su defendida —accediendo el juez a realizarla un mes antes—. Por sacar punta, se conjeturaba con el día de la primera fecha prevista: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Como muestra de la saña y la altura de las argumentaciones periodísticas y jurídicas, utilizadas por los medios de comunicación de la derecha más rancia, analicemos los razonamientos expuestos por la pluma del director de "La Razón" (Grupo Planeta), Francisco Marhuenda (Paco para los amigos). (Sin querer con ello menospreciar a otros medios afines, como el hermano "ABC"; o los primos hermanos del "TDT party".) Bajo el título “El juez vuelve a imputar a la Infanta sólo con suposiciones”, y el original antetítulo “El auto del castrismo”; escribe este insigne periodista y jurista frases como: “El Iltmo. Sr. Don José Castro puede aprovechar las rebajas para comprar un traje de domingo con el que recibir a la imputada Doña Cristina Federica. Es el primer consejo que le daría. Tiene que jubilar esa chaqueta espantosa, porque hasta el prevaricador exjuez Garzón tenía mejor gusto. Creo que el ministro Gallardón tiene que introducir una reforma legal para que un juez no pueda bajar tanto el listón”. O "Castro quiere ser un juez estrella, pero es fugaz e injusto en su peculiar cruzada contra una mujer inocente”.

Tras estas sentencias del abogado defensor y juez Marhuenda, en un impecable ejercicio de libertad de expresión y alto intelecto; permítame don Francisco hacerle unas observaciones relacionadas, en su misma línea editorial, con el mundo de la imagen, el estilismo y la moda.

Puede que el salario de honrado funcionario público no dé para tener asesores de imagen, o para comprar un traje para cada día de la semana. A lo mejor los emolumentos de un afamado director de periódico, de prestigio internacional, y comprado y leído por media España; contertulio pluriempleado en programas televisivos (Atresmedia, Grupo Planeta); dan para comprarse un traje para cada día del mes. Incluso otros diferentes y discretos, para ir a misa los domingos; impecablemente vestido, limpio y aseado. No deben de alcanzar —o bien le preocupa menos cuando se trata de su propia persona—, en el caso de tan hábil y afilada pluma periodística, para acudir con frecuencia a la peluquería, y al gimnasio. Convendría que también le propusiera a su amigo y ministro Gallardón, que considerara la inclusión de un plus de estilismo, obligado y de marca, en la cerrera judicial.

En los próximos días, de aquí al sábado 8 de febrero, asistiremos a importantes y trascendentales debates sobre la seguridad nacional; como la duda de si la Infanta hará "el paseíllo" (los doscientos metros de la famosa rampa de acceso a los juzgados de Palma). Hecho que contrariaría sobremanera a la corte y a los cortesanos. Nada que no pueda resolver un dispositivo similar al empleado en las dos comparecencias efectuadas por el duque consorte de Palma de Mallorca: 200 policías (uno por metro).

Al principio, carcajada; después, náusea; finalmente, vómito.