Esto pasa en la España del banquero Emilio Botín, "a la que está llegando dinero por todas partes"; en la España del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que "hoy se habla de cuán grande será la recuperación".
A los grandes patronos españoles no les es suficiente con que los desempleados subsistan con caldo de huesos de pollo; ni que los afortunados trabajadores se alimenten con pan y agua. Como Santo Tomás necesitan ver para creer, tienen que tocar las carnes famélicas y palpar el esqueleto, asegurándose que no comemos chocolatinas a escondidas.
La reforma laboral que corredactaron, junto al Partido Popular y su FAES, con alguna ayuda —como la del ilustre exafiliado del partido y actual presidente del Tribunal Constitucional, doctor y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Francisco Pérez de los Cobos—, les resultaba insuficiente desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Necesitaban más armas con las que administrar disciplina y miedo.
La legislación laboral, para las huestes de la CEOE, nunca es lo suficientemente "flexible". ¿Y cuál es para ellos la flexibilidad óptima?: el hacer lo que les dé la real gana; con el contrato de trabajo, con los salarios, con la jornada y el horario, con los trabajadores. Tan solo así los Joan Rosell, Arturo Fernández y compañía (incluido su siniestro directivo José Luis Feito), continuadores de la labor de su encarcelado anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán, saciarían sus deseos por algún tiempo. Ejercen, con precisión subvencionada con dinero público, su papel de satélite del poder económico y financiero. Esa flexibilidad tiene una traducción muy sencilla en las relaciones laborales: más individualización, precarización, miedo e indefensión; menos autonomía colectiva, sindicación y protección.
De esa flexibilidad forma parte, por ejemplo, la eliminación de la ultraactividad (prórroga automática) de los convenios colectivos. Las teorías doctrinales científicas más favorables a los asalariados, apuntan a que el cuerpo normativo del convenio colectivo caducado (en más de un año) forma parte del contrato de trabajo. O que el convenio colectivo mantiene su vigencia hasta la aprobación del siguiente, siempre y cuando así lo hayan pactado ambas partes (patronal y social); tesis recogida en la sentencia de la Audiencia Nacional 128/2013, de 19 de junio, (recurrible en casación), en el conflicto colectivo interpuesto por el sindicato SEPLA contra Air Nostrum. Tendremos que esperar, pacientemente, a que el Tribunal Supremo sentencie. Hasta entonces: cientos de convenios colectivos y cientos de miles de trabajadores afectados, que perderán los beneficios sociolaborales de sus convenios, quedando bajo los mínimos del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el Salario Mínimo Interprofesional.
También es muy flexible el contrato de trabajo "indefinido de apoyo a los emprendedores" (para empresas de menos de cincuenta trabajadores). Contrato por el cual pueden darle la patada en el trasero al trabajador (léase despedirlo) durante el primer año de vigencia del contrato, que coincide con el período de prueba. Pero ya sabemos que esto de los autónomos, microempresas y pymes no va con la gran patronal española. Quieren más, siempre más.
Quieren este despido libre y totalmente gratuito durante el primer año para todas las empresas —libre, pero no gratuito, ya lo tenemos desde la entrada en vigor del ET en 1980—. Qué es eso de que las grandes corporaciones y multinacionales, la banca y entidades financieras, las aseguradoras, no puedan patear (más) a gusto y también gratis a su plantilla. Es más práctico tener la ley de su parte que incumplirla, sabiendo que muchos de los trabajadores explotados y engañados no te van a denunciar. Aunque también es mucho más barato y lucrativo (para determinadas pequeñas empresas) conseguir la connivencia de la plantilla —metiendo miedo—, plantear un ERE fraudulento de reducción de jornada (con abono de prestaciones por desempleo parcial), y pagar parte del sueldo en dinero negro. Y con la tranquilidad que da saber que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cada vez tiene menos medios, humanos y técnicos, y más órdenes políticas interesadas.
Es muy ingenuo pensar que estos recortes en derechos jurídico-laborales y jurídico-sindicales no forman parte de una estrategia de poder, de un plan vasto e integral. Se incardinan en el conjunto de recortes, perfectamente diseñados y ejecutados, entre los que se encuentran los sanitarios, farmacéuticos, asistenciales, educativos, culturales, científicos; de dependencia, de desempleo, de pensiones y de Seguridad Social. Nos quieren alienados y devaluados, monetaria, salarial y normativamente. Y lo están consiguiendo, con una precisión casi de cirujano. Un diario balear publicaba hace pocos días: "El miedo a la reforma de la jubilación dispara en Mallorca las ventas de planes de pensión", donde la demanda crece un 15% de media. Estos son los beneficios privados, para la banca y las aseguradoras, de décadas de infundir miedo (interesadamente) con la quiebra del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social.
Asistimos a una desnaturalización del contrato de trabajo, y del Derecho del Trabajo español. A un retroceso (prediseñado y premeditado) de derechos conseguidos durante décadas de dura lucha y sacrificios. El juez de lo Social Antonio Seoane lo definió muy concisa, clara y precisamente en una cadena de televisión: "Previamente al Derecho del Trabajo había servidumbre y esclavitud". Nos resignamos a convertirnos en siervos y esclavos.
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