El Govern balear de Bauzá se burla de la justicia

El 'president' balear José Ramón Bauzá nunca ha dejado de ser un fiel, aventajado y obediente alumno de su presidente de partido y del gobierno central, Mariano Rajoy. Una de sus especialidades, en las que se atreve incluso a competir con su admirado y barbudo jefe, son los decretos leyes: los dictan a decenas. Incondicional transponedor de las políticas nacionales de su partido, no podía ser menos en el área educativa. Baste como ejemplo de su servilista modo de actuar la Ley de Costas; tras movilizar al Consell Consultiu (Consejo Consultivo) en la confección contrarreloj de un dictamen, preceptivo para recurrir ante el Tribunal Constitucional la precitada ley, comunica por carta (la misma mañana que el Consultiu se reúne para votar el dictamen) su desistimiento al recurso.

Bauzá ha hecho suya la cruzada religiosa, clasista, ideológica y lingüística, abanderada por el verborrágico ministro de Educación José Ignacio Wert. Con la excusa del trilingüismo (catalán/castellano/inglés) —que, en el fondo, no es mas que la resta de horas lectivas en catalán—, ha puesto patas arriba el sistema educativo balear. Emulando al compañero Wert, en contra de las comunidades docente y científica, resto de partidos políticos, sindicatos y padres de alumnos; despreciando el diálogo y consenso.

El anterior 'conseller' de Educación, Rafel Bosch (exprofesor de Bauzá), no hizo el trabajo sucio al gusto de su exalumno, y del "ala dura" del Partido Popular balear. Así que Bauzá buscó un nuevo brazo ejecutor del Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL). Eligió para tal menester a la menorquina agente de la propiedad inmobiliaria Joana Maria Camps, cuyo conocimiento del mundo educativo y docente se limita a su época de estudiante de derecho.

El pasado viernes la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), atendiendo la demanda contra el TIL de los sindicatos CCOO, UGT y STEI, suspendía cautelarmente el TIL. En el tiempo récord de dos horas el Consell de Govern aprobaba un decreto ley (publicado en el BOIB del sábado), para blindar la entrada del TIL al comienzo del curso escolar el próximo viernes. Y blindar en dos sentidos: entrada en vigor (ya vigente desde el sábado), y recursos judiciales (recurrible únicamente ante el Constitucional con aval de cincuenta parlamentarios nacionales).

Es lógico pensar que el Govern tenía el texto del decreto ley preparado, y "adaptado" a la argumentación jurídica de la suspensión cautelar dictada por el tribunal superior balear. ¿Quién filtró anticipadamente la resolución judicial? No es descabellado opinar que la filtración provino de fuentes del propio TSJ o satélites.

Camps dice que lo hacen "por nuestros niños". Mis niñas —mis hijas—, que cursan respectivamente Primaria y ESO, son bilingües (catalán y castellano) y estudian, con unos resultados óptimos, inglés y alemán. Como padres incluidos en la comunidad educativa de los 36.000 alumnos baleares afectados, no entendemos a qué viene esta cacicada (una más) del gobierno del Partido Popular en Balears. De momento, y entre otros muchos aspectos, es probable que se encuentren afectados libros de texto (a unos días del comienzo del año lectivo).

El Govern asegura que lo que han hecho es legal. Habrá que ver qué opinan juristas independientes, especialmente en lo que respecta al incumplimiento de las resoluciones judiciales y la desobediencia a la autoridad (judicial). Legal o ilegal, lo que está claro es la burla absoluta a la justicia, de una acción política rastrera y de una inexistente ética de gobierno.