La justicia es igual para todos (los demás)

Hace dos discursos de Nochebuena que el monarca Borbón nos regaló la lectura de esa frase tan rimbombante: "la justicia es igual para todos [los ciudadanos]". También pronunciaba la palabra "ejemplaridad". Todos interpretaban estas frases como alusiones al chico malo de la familia, su yerno el duque consorte de Palma; recién imputado en el sumario judicial del llamado "caso Nóos". La infanta Cristina, sangre de su sangre azul, quedaba en un forzado segundo plano.

Muchos meses han pasado desde entonces, en los que ha ido avanzando la instrucción judicial. Con el paso del tiempo, cada vez resultaba más incomprensible la no imputación de Cristina de Borbón. Y la extrañeza no solo asaltaba al exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, por la imputación de su mujer Ana María Tejeiro, mientras quedaba al margen la esposa del duque (em)Palma(do). Era difícilmente sostenible que el único miembro no imputado de la junta directiva del Instituto Nóos fuese la infanta De Borbón.

España está repleta de políticos y gobernantes ignorantes y olvidadizos. La ministra de Sanidad, Ana Mato, consideraba normal que su marido aparcara coches de lujo en el garaje; y que muchos miles de euros llovieran del cielo para pagar fiestas de cumpleaños y viajes. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no distingue la nieve de los Picos de Europa de la de Andorra y, supone, que en los gastos de los viajes con su antiguo amigo/conocido narcotraficante fue invitado por éste "en alguna ocasión".

La infanta Cristina de Borbón ignoraba las actividades de la sociedad mercantil de la que firmaba las cuentas. Es probable que también desconociera las condiciones de la muy ventajosa y muy elevada hipoteca concedida por la entidad bancaria en la que trabaja, La Caixa, para la compra y reforma del millonario palacete de Pedralbes.

El campechano rey regañaba a su yerno, pero quizá no ponía el mismo ímpetu con su hija. Sea cual sea el nivel de conocimiento de las actividades mercantiles "inapropiadas" de su familia —que no debe ser irrelevante, dado el destierro americano al que sometió a la pareja—, no tiene trascendencia jurídica ni judicial, ya que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad." (artículo 56.3 de la Constitución Española de 1978).

A golpe de correos electrónicos Su Señoría, el juez José Castro, se ha armado de valentía y ha tenido los arrestos judiciales suficientes para imputar (por primera vez) a un miembro de la familia real, perteneciente a la línea de sucesión (sanguínea) al Trono de España y, por consiguiente, a la Jefatura (hereditaria) del Estado.

No debería constituir un acto extraordinario pero, tal y como funcionan las cosas en el Reino de España, cabe calificarlo como un acto heroico. Habrá que ver cómo queda el recorrido judicial. El independiente fiscal (¿y abogado defensor de la infanta?), subordinado jerárquicamente a un Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno, va a recurrir el auto de imputación, y la decisión final recaerá en la Audiencia Provincial de Palma.

Veremos también si al juez instructor le someten al viacrucis de los jueces incómodos para los poderes (económico, político, mediático) dominantes; y consigue librarse de la crucifixión. El comunicado de la Casa Real nos transmite una cierta inquietud: le "sorprende" la decisión judicial, y otorga la "conformidad" al recurso del fiscal; no da la sensación de absoluto "respeto a las decisiones judiciales". Respeto a las decisiones judiciales que adquiere relatividad cuando la justicia llama a la puerta propia, y no a la de los demás plebeyos.

Mientras tanto, el juez Castro ha tomado la palabra regia en su auto de imputación, reflejando "la máxima de que la Justicia es igual para todos". Ánimo y fuerza, Señoría.