Tortura de desahucio frente a tortura animal

El Partido Popular había anunciado que no iba a aprobar, una vez más, la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios, y a favor de la dación en pago con efectos retroactivos. ILP avalada por 1.402.854 firmas de ciudadanos.

Y llegó la noticia de dos nuevos suicidios, a unir a la larga e ignominiosa lista —al día siguiente trasciende el suicidio en Alicante de un hombre—; en esta ocasión en Calvià (Mallorca, Illes Balears). Un matrimonio de jubilados, que se quitaron la vida tras recibir la notificación de desahucio. Se llamaban Pedro y Julia, y tenían sesenta y ocho y sesenta y siete años, respectivamente. Parece ser que los vecinos les perdonaban que llevasen tres años sin pagar la comunidad. No gozaron de la misma comprensión, humanidad y benevolencia por parte del banco que instó la ejecución hipotecaria.

Finalmente el PP votó a favor de la admisión a trámite de la ILP. No podemos ser muy optimistas en que el Gobierno acepte modificar la legislación de desahucios, a no ser (o ante la amenaza de) que finalmente le obligue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Recordemos que la propia abogada general del TJUE dictaminó que la ley de desahucios española viola la normativa comunitaria.

Tampoco podemos rebosar confianza en que finalmente se legisle la dación en pago (al menos con efectos retroactivos). La banca manda, y dice que crearía inseguridad jurídica, y se darían menos créditos (ya bastante escasos). Son los mismos bancos que hemos rescatado con ingentes cantidades de dinero público, con el cual hacen rédito invirtiendo en la deuda pública que también pagamos todos. Esos mismos bancos, repito, que continúan desahuciando inmisericordemente, amenazan con cerrar del todo el grifo. Son conscientes de que no les van a tocar sus privilegios.

Después de rendir pleitesía —salvo la digna intervención, a puerta cerrada, de La Izquierda Plural— por la mañana al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi (escoltado en todo momento por el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada), la tarde parlamentaria dio para lo anterior, y más.

También se admitió a trámite la ILP (con un tercio de firmas respecto a la primera) que propone declarar las corridas de toros Bien de Interés Cultural (BIC). Digamos bien alto, para los defensores de los animales, que votaron a favor el PP, UPyD, UPN y Foro Asturias, y que se abstuvo el PSOE. El diputado de UPyD Toni Cantó nos dejó en la tribuna de oradores esta joya: "los animales no tienen derecho a la vida ni a la libertad". Es tranquilizador saber que Cantó se encuentra investido del poder de decidir sobre el cautiverio y la muerte de los animales no pertenecientes a la especie (superior) humana.

No les basta con mantener el espectáculo de tortura y sangre y arena, con millonarias subvenciones públicas, sin las cuales la llamada "fiesta nacional" desaparecería paulatina e irremediablemente. Necesitan declarar BIC la barbarie "artística" de la agonía de un animal, a manos del valiente artista torero y sus herramientas artísticas: la puya; las banderillas; el estoque de matar; el estoque de descabellar. Instrumentos de tortura artística y cultural para ejecutar las diferentes "suertes" y "castigos" del infortunado astado.

No sabemos si el PP cambió de criterio, admitiendo la ILP contra los desahucios, debido al matrimonio de jubilados que se suicidó. O a la imagen que iban a transmitir de la gloriosa "marca España" rechazando medidas contra la tortura hipotecaria a los ciudadanos, y admitiendo la defensa y protección cultural de la tortura y muerte a los animales. Nunca lo sabremos, porque no tendrán las agallas de decírnoslo.