Tras la Revolución Francesa, y la restauración de la monarquía (Monarquía de Julio), el pueblo se levanta en la Insurrección de junio de 1832. Se resiste a vivir míseramente, gobernado por miserables.
Intentan convencernos de que las medidas de gobierno son modernas, equilibradas, progresivas a los recursos económicos de los ciudadanos. Mientras, al estado social de derecho que ha costado décadas de lenta construcción, se le pasa la excavadora y apisonadora, derribándolo en pocos meses. Un año de legislatura, a golpe de decretos leyes, y a este país no lo reconoce ni la madre que lo parió.
De admitir que sabían lo que se encontraban al llegar al Gobierno, han pasado a quejarse continuamente de la herencia y las mentiras recibidas. Herencia igual o más envenenada, con las mismas o más mentiras, en las comunidades autónomas donde ellos mismos llevan muchos años gobernando.
Del “no más IVA”, en patéticos cánticos y bailes (acompañados de llamamientos a la insumisión fiscal), a subirlo. Impuesto que paga en igual cantidad el rico que el pobre. Nada de una auténtica progresividad en el IRPF. Nada de perseguir el gran fraude fiscal, al contrario: amnistía fiscal para los grandes defraudadores. Nada de un impuesto de sociedades que no pague, en términos efectivos medios, menos que las rentas del trabajo.
De vociferar que el problema del desempleo no está en el coste del despido, a una retrógrada reforma laboral. Que abarata y facilita el despido (camino de los seis millones de parados). Que aumenta considerablemente el poder y arbitrariedad del patrono. Que individualiza las relaciones de trabajo y minimiza el contrapoder sindical y de representación de los trabajadores.
De no tocar las pensiones, a incumplir la revisión y subida anual (y legal). Acompañado de la reducción de la ayuda a la dependencia y a los dependientes y sus cuidadores.
Una enseñanza pública con menos medios y docentes. Más cara para los estudiantes sin recursos, con menos becas, más doctrinaria y católica, menos multilingüe.
Una sanidad no universal. Más cara, incluida la farmacia. Con menos facultativos y sanitarios. Con menos centros de salud y camas hospitalarias. Repartiendo los medios públicos entre los colegas de las empresas de sanidad privada; yendo al rescate si fuera necesario, otra vez con los recursos y dinero públicos.
Una justicia a golpe de tasa. Que busca disuadir a los ciudadanos de acudir a los jueces y tribunales demandando justicia.
La buena noticia es que ya hemos sufrido un año de democrático gobierno del PP. La mala, que nos faltan tres años para agotar la legislatura. Y que, sin saber quiénes ni cómo, vamos a necesitar varios mandatos electorales para contralegislar todo el destrozo que están haciendo. Suponiendo (y es mucho suponer), que se recuperen todos los derechos aniquilados. Nos conducen a una sociedad de la beneficiencia, de la limosna; ésa es su moderna y equilibrada gestión de gobierno.
Lo llaman optimización de recursos y externalización de la gestión. A mí me encaja más la palabra “miserable”, en las acepciones de la RAE: 1. Desdichado, infeliz (pueblo); 2. Abatido, sin valor ni fuerza (ciudadanos); 3. Mezquino (Gobierno); 4. Perverso, abyecto, canalla (gobernantes). Feliz 2013.
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