Preguntada la alcaldesa "popular" de Madrid y expresidenta consorte del Gobierno de España, Ana Botella, por su viaje de placer a Portugal (con la sociedad consternada por la reciente tragedia del Madrid Arena), su respuesta es que estuvo en todo momento interesada y en contacto, y que nada tiene que decir de su vida privada.
No sabíamos que ostentar la alcaldía de una gran ciudad, a mayor abundamiento capital del Reino, consistía en un ejercicio a tiempo parcial; en fichar la entrada y salida del despacho, en horario de oficina. No creemos que los ciudadanos madrileños entiendan muy bien que la alcaldesa no pudiera modificar sus planes familiares privados, ante la inútil muerte de jóvenes adolescentes que todavía no habían empezado a vivir.
Crece la indignación, a medida que se van confirmando las sospechas iniciales. Tratos de favor entre amiguetes; irregularidades y vistas gordas administrativas; enriquecimiento fácil de empresarios consentidos por políticos sátrapas. Pero, ni una sola dimisión ni destitución, ni una sola responsabilidad, "hasta que avancen las investigaciones y/o conclusiones". Ni de la primera edil, ni del vicealcalde —tan sonriente él, fotografiado al lado del empresario moroso de la Hacienda y la Seguridad Social de todos—; ni de ninguno de sus secuaces.
Cuando se enuncia, a título informativo, la conquista dedocrática de altos cargos públicos, léase la presidencia de la Comunidad de Madrid (Ignacio González, tocado por el dedo de Esperanza Aguirre) o la alcaldía de Madrid (Ana Botella, tocada por el Notario Mayor del Reino, Alberto Ruiz Gallardón); rápidamente nos gritan que es "legal". Conformémonos con que, aunque esas personas no hayan sido elegidas por los ciudadanos para esos cargos representativos, afortunadamente los ostenten legalmente.
En nuestras Illes Balears tenemos un gran 'president' farmacéutico que aplica implacablemente un magnífico Código Ético de su Partido Popular de Baleares.
José Ramón Bauzá aparta fulminantemente de los cargos de responsabilidad a los imputados de su partido por casos de corrupción. Aunque, si hubiera puesto más cuidado en el mantenimiento de compañeros y compañeras de dudosos comportamientos en épocas políticas anteriores (como la de Jaume Matas), posiblemente emplearía en menos ocasiones el flamante Código.
Contrasta la importancia de la ética política para el 'president' cuando se emplea para otros; y lo benevolente que es en aplicársela a sí mismo. Se hace un lío con las incompatibilidades de su cargo con los negocios privados. Olvida la condena, tras la denuncia de su partido, a la colega farmacéutica exconsellera de Sanidad con el PSIB-PSOE.
Bauzá, mientras hace malabarismos mercantiles para desvincularse de sociedades (en las que estaba cuando ya ejercía como president del Govern de les Illes Balears), mantiene los rendimientos profesionales de su establecimiento público de Farmacia; y pone a los técnicos del Govern a trabajar con la ingeniería jurídica, para justificar la ilegalidad manifiesta de su estatus.
Nos gustaría que la Ética humana, a falta de la política, impidiera enriquecer a los banqueros, engrandecer la vergüenza y ruindad y empequeñecer a los políticos; desahucio a desahucio, suicidio a suicidio.
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