Los bolsillos de algunos políticos no son de cristal

Hemos conocido algunas de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, reservadas a los gastos del Congreso de los Diputados.

6.750.000 euros para desplazamientos (19.285 euros por diputado). A esta cantidad hay que añadir 600.000 euros para kilometraje (1.714 euros por diputado). 30.000 euros para tarjetas de aparcamiento de AENA (aeropuertos). Tarjetas de viaje de uso ilimitado (en los vuelos incluye la opción de asiento en la clase ‘business’).

También tenemos —tenemos, pues se trata de dinero público— una curiosa partida de 7.000 euros para multas de tráfico del parque móvil. Seguro que a la mayoría de los trabajadores les abonan las multas de tráfico, ya sean profesionales del volante o no, en los desplazamientos al (o desde el) lugar de trabajo.

Para reuniones y conferencias contamos con 1.019.800 euros. Para estudios y trabajos técnicos, la nada despreciable cifra de 2.849.193 euros. La cafetería del Congreso, gestionada por el Grupo Cantoblanco, del patrono Arturo Fernández (presidente de la patronal madrileña, y vicepresidente de la CEOE), recibirá 892.500 euros de subvención. La especialidad restauradora del Sr. Fernández en la democracia representativa incluye la cafetería de la Asamblea de Madrid.

Sin analizar más partidas presupuestarias, no parece que a las cuentas de la Casa de todos se les exija la misma apretada de cinturón que al resto de las economías domésticas. Es a los ciudadanos, al pueblo representado en el Congreso, a los que abrochan el cinturón en el cuello, para así poder al mismo tiempo bajarnos el pantalón mientras nos asfixian y humillan.

Son esos “detalles” los que alejan cada vez más de la ciudadanía a la clase política. Unidos a los señores diputados que cobran el alojamiento teniendo inmuebles disponibles en Madrid. O los dispendios gastronómicos y alcohólicos en los viajes de Rajoy. Etc.

La gente está harta de una soberanía popular de papeleta electoral cada cuatro años. Está cansada de incumplimientos de los programas electorales, cuando no de ejecutar todo lo contrario que se prometió. Está cabreada con el Banco Central Europeo, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la banca alemana; con los auténticos golpistas financieros y económicos, que no los indignados que se manifiestan en los alrededores del Congreso. Y no olvidemos al Gobierno que, según sus propios miembros nos dicen, hace lo que le ordenan desde fuera. ¿No se trata, pues, de un golpe de Estado?

Nos toman el pelo cada día, al tiempo que escenifican los gestos populistas, que tratan de ocultar las continuas agresiones y recortes laborales, económicos y sociales. Ejemplo elocuente lo tenemos en la presidenta de Castilla-La Mancha, y secretaria general y número dos del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.

La secretaria general del PP se enorgullece de su propuesta de reducir a la mitad los diputados autonómicos, sin importarle cómo pueda afectar a la representatividad. También vende como magnífica idea el dejarles sin sueldo, para que compatibilicen con su trabajo y profesión.

De Cospedal lo dice (en esta ocasión sin peineta), con mucha solemnidad y ningún sonrojo, desde la legitimidad que da el ser una pluriempleada política con emolumentos anuales que alcanzan las seis cifras. Su modelo de representante político es el de una élite, profesional liberal, cuyo máximo exponente podemos encontrarlo en los ministros y secretarios de Estado con patrimonios millonarios. Una herramienta para que se dediquen a la política los pudientes, y que se arrimen más a la cúpula del partido; para así garantizar que no se queden en la mitad de la representación "recortada".

En las Illes Balears tenemos al chico de los recados de Rajoy, al president José Ramón Bauzá. Modelo para los hombres de negro de la "troika" (al estilo del primer ministro portugués, Passos Coelho): recorta más que el mejor de los recortadores, incluso más de lo que le piden. Sus grandes especialidades son la Educación y la Sanidad.

Bauzá tiene problemas de comprensión de la Ley de Incompatibilidades, y de las sentencias de los tribunales de justicia. Se hace un lío entre sus negocios privados (que incluyen una farmacia) y su trabajo de presidente autonómico.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), como consecuencia de la denuncia del propio Partido Popular de Bauzá (cuando estaba en la oposición), declaró en 2007 la incompatibilidad de una exconsellera de Sanidad, por ser titular (también) de una farmacia.

Ya hay susurros (o voces) que plantean cambiar la ley, para que nuestro engominado president no tenga problemas. Todos estamos bajo el imperio de la ley, pero que no me toquen el bolsillo... o me quiten el cargo.

Mientras tanto, el presidente Rajoy vive en su "fascinante" universo, entre caladas neoyorquinas de puros Cohiba. Reconociendo en la tribuna a los millones de españoles que no se manifiestan (como lo hacía él, claro), que no son apaleados por la policía, y que (no) protestan y (no) se indignan y (no) sufren en silencio. Se le notaba su humeante cara de felicidad. ¿Puede pedir más?