Nuestros entrañables delincuentes económicos

En España aún no vemos la defraudación fiscal y de cotizaciones sociales como un delito, que terminamos pagando entre todos (los que sí pagamos).

Grandes conocedores de esta sociología hispana indulgente con los delincuentes económicos, determinados personajes y personajillos públicos la utilizan para empequeñecer sus responsabilidades y distraer de sus delitos.

Maria Antònia Munar, expresidenta de Unió Mallorquina (UM) y del Consell Insular de Mallorca, durante un tiempo (largo y no tan pretérito) la "reina sin corona" de Mallorca. Ha sido condenada en el llamado "caso Maquillaje" a cinco años y seis meses de cárcel.

La condenada por desviar 240.000 euros (de dinero público) del Consell, pregona que nadie debería ir a la cárcel por delitos económicos. Luego ha pedido disculpas (pero lo dicho, dicho está).

En el trámite de "última palabra" de los acusados, en la jornada final del juicio por la trama de corrupción conocida como "caso Malaya", nos encontramos con más ejemplos recientes.

Juan Antonio Roca nos dio una clase magistral de derecho penal, y de manipulación truculenta. Quizá para levantar simpatías, compara en términos absolutos las peticiones de pena para asesinos y para él (evidentemente mayores en su caso).

El exalcalde de Marbella, Julían Muñoz. Alardea de que no ha sido condenado por quedarse con dinero. Y acusa a la Fiscalía de ejercer como "perseguidor".

Rafael Gómez (alias Sandokán). Vuelve a lloriquear con lágrimas de cocodrilo, relatando la pregunta que (dice) le hizo su esposa: "Falete, ¿no te ha dado nunca por ahorcarte?".

Ante tal cúmulo de necedades, proveniente de presuntos inocentes, imputados y condenados; no es extraño que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, nos diga que tienen que subir el IVA de "los chuches" por culpa del "mejor sin IVA" de electricistas y de fontaneros.

Pero, de subir la tributación de las SICAV (por ejemplo), no. Del impuesto para el movimiento especulativo de capitales, tampoco. Del impuesto a las grandes fortunas, nada de nada. De perseguir el gran fraude fiscal y los paraísos fiscales, mejor en otro momento...

Por culpa de los electricistas y los fontaneros –discúlpenme los electricistas y los fontaneros, por utilizarlos siempre de ejemplo de profesionales autónomos–, el equipo de Montoro sigue negociando con los grandes bufetes que asesoran a los grandes defraudadores.

¿Para qué? Para rebajar todavía más los requisitos de la amnistía fiscal –digo, regularización–. Aún así, las grandes fortunas no se animan a "regularizar". Ni pagando (un mínimo de) cuatro veces menos que los ciudadanos honrados y cumplidores (vale, y los que no tenemos posibilidades de evadir impuestos en paraísos fiscales).

Pese al regateo poco moralizante y desincentivador del cumplimiento fiscal y tributario, parece difícil recaudar los 2.500 millones de euros previstos con la medida. Un giño absurdo a los poderosos, contrapuesto al sufrimiento y asfixia social y económica del pueblo.

¡Pobres banqueros! ¡Sufridos políticos! ¡Perseguidos delincuentes económicos! Si llegan a ser condenados, hay que evitar que pisen la cárcel y dejen de ejercer sus cargos. Entonces el Gobierno actúa raudo y veloz, e indulta.

Recordemos el caso del consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz. Condenado a tres meses de arresto y de inhabilitación, por acusación falsa. Indultado en noviembre de 2011 por el Gobierno en funciones del PSOE.

Recordemos el caso de los dos principales directivos de Azucarera Ebro. Condenados por un fraude de 27 millones de euros a la Unión Europea, en el "caso del Azúcar". También indultados en noviembre, y también por el Ejecutivo de Zapatero.

No se preocupen. Hay un caso reciente del Gobierno de Rajoy. Dos condenados de CIU, por el desvío de dinero público mediante informes "inútiles". Delito continuado de malversación de caudales públicos (46.157,73 euros). Indultados en marzo de 2012.

Imprescindibles grandes banqueros. Honrados políticos. Entrañables delincuentes económicos.