Hace pocos días, el 11 de febrero, que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. El lunes 13 de febrero los teléfonos y correos electrónicos de las asesorías laborales echaban humo; no preguntando por las bondades de la contratación bajo la nueva normativa, sino por las facilidades para despedir.
Y ya tenemos los primeros damnificados. Un ERE de suspensión de contratos durante dos meses en el Teatre del Liceu (Barcelona), que afecta a 363 trabajadores (de los 395 de la plantilla). ERE con despido de 14 personas (de 38), y rebajas salariales de hasta un 30%, en la CEOE de Ciudad Real. En el Hotel Husa Chamartín (Madrid), 12 despidos objetivos. Ejemplos que pueden simbolizar cientos y miles de casos prototípicos con los que vamos a convivir diariamente.
Y eso a pesar de que el patrón de patronos, Joan Rosell, diga que el empresario español no se levanta pensando a cuántos trabajadores va a despedir. Menos mal.
Casos todos ellos acogidos a la nueva normativa de la reforma laboral. No vaya a ser que el decreto-ley se suavice en el trámite parlamentario (cosa poco probable).
Mientras tanto, el partido gubernamental y los medios de comunicación neoliberales utilizan toda su artillería de persuasión mediática, repitiendo mil veces mentiras para que se conviertan en verdades.
Una. La reforma laboral es equilibrada. Dos. La reforma laboral es justa. Tres. La reforma laboral es para los parados; y para eliminar los "privilegios" de los que trabajan.
La relación laboral parte de un desequilibrio nato: la superioridad jerárquica del empresario sobre el trabajador. Para reequilibrar esa relación que nace del contrato de trabajo está el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que ha modulado las relaciones laborales con un sistema garantista de derechos; ahora dinamitado y saltado por los aires.
El nuevo contrato "Rajoy" (empresas de menos de 50 trabajadores), en el cual el trabajador puede ser despedido totalmente gratis durante el primer año, sin otra causa que la no superación del periodo de prueba, no es equilibrado ni justo. Va a ser el contrato más utilizado en un estado como el español, donde el 90% de las empresas y el 66% de los asalariados lo son en el sector de microempresas/pymes.
Abaratar el despido entre un 45% y un 70% no es justo ni equilibrado. Del despido improcedente exprés (indemnización de 45 días/año, máximo 42 mensualidades) pasamos al objetivo exprés (20 días/año, máximo 12 mensualidades).
Tampoco es equilibrado ni justo eliminar el control administrativo en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Ni desnaturalizar los Convenios colectivos eliminando la jerarquía normativa, con descuelgues a la carta, y con su muerte a los dos años de caducar. Ni relegar a un segundo término a los jueces y tribunales; que es que sentencian mucho a favor de los trabajadores rojillos.
La normativa laboral de los 5 millones de parados, era la misma que creaba miles de puestos de trabajo en los años de bonanza económica, incluida la burbuja inmobiliaria.
El PP reconoce que la reforma laboral no va a crear puestos de trabajo. Tampoco los van a crear los continuos recortes económicos y sociales. Pero cuando la coyuntura económica cree puestos de trabajo dará igual; los derechos arrancados no se volverán a implantar. Ni los recuperarán los trabajadores en activo, ni los alcanzarán nunca los que se incorporen al mercado de trabajo, bajo las órdenes del todopoderoso patrón.
Y para mayor ultraje el partido del gobierno nos insulta con el mayor descaro. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pide a los sindicalistas que desvelen sus ingresos, cuando en su Partido Popular no se aplican la misma receta. Y el flamante vicesecretario general de organización y electoral, Carlos Floriano, tiene la caradura de declarar que la reforma laboral no abarata el despido.
Cumplido el miedo "necesario" para que el trabajador "rinda" (plasmado en la memoria económica de la reforma laboral), ya tienen el próximo objetivo (apuntado por la CEOE, claro): el derecho constitucional de huelga; que tampoco crea puestos de trabajo (como las pancartas y las manifestaciones). Ni justo ni equilibrado. Sinvergüenza y cínico.
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